La Diputación de Alicante aprobaba el pasado 25 de marzo por unanimidad en un pleno online, el primero de estas características que celebra la institución, paralizar las obras ya adjudicadas por la institución entre las que se encuentra las de las Calles Costa Rica, Jamaica y adyacentes, como medida ante la pandemia.
El portavoz de Ciudadanos y diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, indicaba, por su parte, en su turno de intervención online, que se trata de “una medida necesaria para continuar prestando servicios esenciales sobre todo a los colectivos más vulnerables” y ha destacado la equidad en el reparto de las subvenciones concedidas, “ya que se ha basado en criterios objetivos como la población o la densidad, atendiendo de forma especial a los municipios más pequeños”.
El responsable de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, detalla las actuaciones que se han adoptado desde su departamento para asegurar la seguridad y salud en las obras que se impulsan desde el área. En este sentido, ha explicado que las órdenes se han traslado a las direcciones facultativas y a los coordinadores correspondientes y ha indicado que “en todo momento se está anteponiendo la salud de las personas que trabajan en estas obras”.
Recordar que estas obras comenzaban el pasado 9 de diciembre, con una inversión que supone un coste total de 318.978 euros, de los que el 75% se hace cargo la Diputación de Alicante con 239.234,18 euros y, el 25% restante será afrontado por el Ayuntamiento de Sax con 79.744,72 euros.
Dicho proyecto engloba las calles Jamaica, Costa Rica, El Salvador y parcialmente Uruguay. Las obras proyectadas consisten en red de saneamiento y agua potable, alumbrado público, redes de telefonía y baja tensión soterradas, pavimentación de calzadas y ejecución de aceras, además de una escalera entre las calles Costa Rica y Lope de Vega.
Las instrucciones han sido trasladadas desde la Diputación a las direcciones facultativas y a los coordinadores de seguridad y salud. En ellas se establece el deber de valorar el estado de la obra desde la perspectiva de la seguridad y salud de los trabajadores y de terceros ajenos a la misma. Si tras realizar este análisis se determina que no se puede garantizar la salud de los trabajadores se procederá a la suspensión de la obra, en virtud de las exigencias del Gobierno central, durante el periodo de duración del estado de alarma, manteniendo en todo momento las condiciones de seguridad frente a terceros.
En caso de que se certifique que se puede trabajar en condiciones de seguridad, se debe aportar con carácter inmediato un anexo al Plan de Seguridad y Salud que recoja las nuevas exigencias. Desde el Área de Cooperación se alerta de que es necesario tener en cuenta la posibilidad de desabastecimiento de materiales y se recomienda verificar que los suministros estén garantizados.