8 de marzo de 2023 “Unidas y unidos luchando. Seguiremos avanzando”.
El 8 de marzo fue proclamado el Día Internacional por los Derechos de la Mujer por la Organización de las Naciones Unidas en 1975. Desde entonces, es un día de celebración por los avances que hemos conseguido a lo largo de la historia y de reivindicación por lo que nos queda por alcanzar en materia de igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida.
Aunque haya corrientes negacionistas de las desigualdades y discriminaciones hacia las mujeres, existen, y además están reconocidas por organismos nacionales e internaciones. Da igual que lo nieguen, la evidencia y los datos objetivos están ahí, solo hay que querer verlos.
Hablamos de las discriminaciones que sufrimos las mujeres por el hecho de serlo, y en este contexto no podemos olvidar el concepto de interseccionalidad. Se define como “la interacción entre dos o más factores sociales que definen a una persona”. En este sentido, existen mujeres que sufren lo que llamamos discriminación múltiple: por ser mujer y tener diversidad funcional; por ser mujer y pertenecer a una etnia o grupo determinado; por ser mujer y tener necesidades económicas; por ser mujer y vivir en zonas rurales, entre otras muchas.
Otro ocho de marzo, desde la plataforma primer sábado de mes, volvían a ocupar la Plaza de San Sebastián, este espacio que se ha convertido en un icono y lo hacían todas y todos, desde el convencimiento de que para avanzar en nuestros derechos es necesario encontrarnos y caminar unidas y unidos en nuestra diversidad, desde el respeto a nuestras diferencias y teniendo claro que todas y todos somos imprescindibles.
Otro ocho de marzo, volvemos a reivindicar, a través de este manifiesto.
Una sociedad que ponga la igualdad, los cuidados y la vida en el centro de las políticas públicas, en particular el de los sectores en peor situación, ello se concreta en:
Una atención a la dependencia pública y de calidad, así como la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector.
Una educación pública de calidad que no segregue ni excluya, que apueste por desterrar las discriminaciones por razón de sexo, género, clase, pertenencia étnica o diversidad funcional.
Educación infantil universal y gratuita de 0 a 3 años y accesible para todas las familias, independientemente del lugar de origen y de su situación administrativa.
Políticas públicas que reconozcan el valor del trabajo doméstico y de cuidados y garanticen la corresponsabilidad social en la crianza, así como el derecho a cuidar y ser cuidadas, para que la maternidad deje de estar atravesada por la precariedad laboral y vital de las mujeres.
Una sanidad pública fuerte y de calidad, también en el ámbito de salud mental y de la sexual y reproductiva. La salud no es un negocio.
La garantía del acceso a los suministros básicos (luz, agua y gas) para todos los hogares.
Políticas de justicia climática que garanticen el cuidado y la sostenibilidad del planeta y su biodiversidad, que no dejen en la estacada a quienes más sufren las consecuencias de la crisis ecológica, en particular las mujeres.
Una sociedad con empleo digno y de calidad, sin economía sumergida, ni brecha salarial, ni precariedad, que afectan de forma particular a las mujeres. Nos levantamos contra los techos de cristal y ese suelo pegajoso que nos dificulta avanzar.
La brecha salarial persistente hace que las mujeres hayan cobrado de media un 18,7% menos que los hombres en 2022. Y ante esta injusticia, denunciamos la desigualdad salarial que mantiene a las mujeres en situación de inferioridad y exigimos que se corrijan las desigualdades existentes tanto a nivel salarial como de las situaciones que las originan.
Una sociedad libre de todo tipo de violencias de género (en la pareja o ex pareja, por parte de conocidos o desconocidos, agresiones sexuales, acoso, …). Que apoye y atienda a las necesidades de las mujeres supervivientes, con garantía de vivienda, ingresos y reparación, reforzando su autonomía, porque el olvido y abandono de las administraciones son otra forma de violencia.
Una sociedad libre de racismo, en la que el acceso a los derechos no dependa de la situación administrativa de las personas. Exigimos la regularización de las personas migrantes, recordamos que 6 de cada 10 personas migrantes sin papeles son mujeres, 1 de cada 4 se emplean en actividades del trabajo del hogar y están sobrerrepresentadas en algunos sectores donde la explotación laboral y el acoso sexual están a la orden del día.
Por último, pero no menos importante, también estamos aquí para lanzar un grito de solidaridad con la lucha de las mujeres iraníes, afganas, saharauis y tantas otras que día a día luchan por un mundo libre de discriminación, imposición y violencia.
