Según la comisión de residentes y comercios afectados, en este caso se trata de un tema de «pura y dura política» ya que para la peatonalización de esta calle no se está teniendo en cuenta la opinión de los habitantes de la zona, ni la de usuarios de servicios públicos esenciales y comercios colindantes, por lo que denuncian la inexistencia de un verdadero proceso participativo en la toma de decisiones que afectan a la movilidad en el centro de nuestro pueblo.
«Una vez finalizado el estado de alarma y suavizadas las restricciones no resulta necesaria ni aporta mejora alguna al pueblo, supone un perjuicio para los residentes que ven disminuidas ya de por sí sus escasas plazas de aparcamiento, además de las molestias que supone que los establecimientos de restauración ocupen la totalidad de la vía pública con las molestias que ello comporta»
