La pasada noche, alrededor de las 20:45, comparecían los ministros socialistas del Gobierno de España como Autoridad “Competente” en todo el territorio. Lo hacían a modo de gabinete de crisis para dar cuenta de las medidas concretas a adoptar durante el estado de alarma. Concretamente salían a exponer todos sus miembros, a excepción del propio presidente Sánchez, un sinfín de normativa en la que incluían casos, generalidades, excepciones, porcentajes, y demás instrumentos para así paliar la actual crisis.
Sin embargo, este Gobierno parece que no entiende, o son incapaces de cumplir alguna o todas las premisas para ser un buen gobernante. Concretamente, o bien carecen de voluntad de, una vez tomada una decisión con objeto de conseguir un resultado, destinar los recursos necesarios para garantizar el mismo de manera eficaz y cierta, o bien singular o simultáneamente a aquella, son incapaces de tomar las decisiones acertadas.
Respecto a la primera de aquellas, parece evidente, a la vista de los hechos, que no es voluntad este Gobierno, dotar de los recursos necesarios para garantizar de manera eficaz y cierta un fin. Baste el ejemplo si echamos la vista atrás, y con motivo de los graves disturbios ocurridos en Cataluña el pasado octubre, en los que, si bien el resultado deseado era garantizar la seguridad ciudadana, así como el orden público, no se dotaron de los medios ni personal suficiente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para ello. O bien, quizás el resultado no era propiamente el mismo, sino más bien contentar a los independentistas.
Sin embargo, lejos de aprender de sus errores, y envueltos en la actual situación de crisis con motivo del Coronavirus, el Ejecutivo únicamente se dedica a llenar folios de letras y números. Sin más. Y es que si se parte de la premisa fundamental citada, la Autoridad “Competente”, así como de que la ley debe cumplirse, tanto por parte de los ciudadanos, como de los gobernantes, lo que obliga a estos a destinar los recursos necesarios para que aquellos las cumplan, más aun en una situación de tal envergadura, ayer noche no legisló en ninguna de sus formas, sino que una vez más resultó un bálsamo verbal de oraciones incoherentes con sus actos, para así intentar tranquilizar a la población que se encuentra sufriendo en estos momentos.
Fines ambos que no resultan en ningún caso unas meras directrices, entendiendo estas como un resultado alcanzable de manera indeterminada, mediante un número variable de acciones, y que además se da en un periodo de tiempo normalmente de media/larga duración. Muy al contrario, ambos, y muy especialmente la situación actual, si no se quiere perpetuar y agravar indefinidamente, se tratan de reglas de fin en su más sentido estricto, de modo que la consecución del resultado debe serlo en una medida determinada.
Hemos decidido, siendo coherentes con nuestra moral, que el resultado; el fin, es, y debe ser salvar el mayor número de vidas, es decir, que siempre que se pueda salvar una más, será legítimo y coherente tanto ejecutar toda clase de acciones en esa dirección, como emplear los recursos que sean necesarios para ello. Todo ello bajo la hipótesis de no colapsar el sistema sanitario, a fin de que aquellas personas que necesiten de los instrumentos sanitarios que escasean en mayor medida, puedan ser atendidos.
No obstante, y a la vista de las imágenes de concentraciones masivas de gente, especialmente en las grandes ciudades como Madrid, cada individuo con su motivo excepcional, o no, de acuerdo al decreto de estado de alarma, una vez más queda evidenciada la falta de compromiso de este gobierno al no tener voluntad de dotar de recursos suficientes para conseguir salvar el mayor número de vidas, el cual no es político, ni ideológico, es prioritario y urgente.
Cabe resaltar además que estas excepciones habilitadas; cuya acreditación fehaciente puede ser mayor o menormente controlada ante un número moderado de gente, más en cualquier caso, inverificables ante las avalancha de gente vistas en las grandes ciudades, conviven con, al menos formal e implícitamente, la prohibición mismamente de pasear de manera individual por el campo.
Por otro lado, y respecto a la incapacidad de tomar decisiones acertadas, cabe plantearse seriamente, y en base a la información y escenarios disponibles, si se hace necesario reducir la actividad laboral que no sea compatible con el teletrabajo, a lo estrictamente imprescindible y con objeto de nutrir al sistema sanitario, así como establecer normativamente la obligación de implantar los comercios, vías comunicativas telemáticas con los clientes, al objeto de no dilatar más de lo estrictamente necesario la duración de compras, evitando así tanto las aglomeraciones, como el contacto con los productos. En esta línea apuntarían medidas tales como el encargo por mensajería de los productos que se requirieran.
Escribir en un papel los deseos no sirve de nada si no se garantiza su contenido en la práctica, de modo que el Ejecutivo debe, de manera urgente e inmediata, si lo que se quiere es tanto salvar vidas, como que esta crisis se detenga lo antes posible, implantar y asegurar medidas restrictivas de concentración de personas, de circulación, así como de restricción de entrada de personas en el territorio nacional, debiendo alargar estas últimas hasta el control internacional de la crisis. Esto último resulta de vital importancia con motivo de proteger a una población, que, de lograrse el objetivo propuesto, se hallaría carente de inmunización frente al virus. De no ser así, todo el esfuerzo y sacrificio resultará en balde, debiendo enfrentar entonces una situación infinitamente peor. Quizás, insalvable.
