Hace ya veinte años que nació Ana. Fue el mismo del tsunami en el Océano Índico y también el mismo que vio la luz Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género (LIVG). Fue bajo este título tan ampuloso que se produjo una de esas escasas ocasiones en la que todos los grupos políticos se pusieron de acuerdo para aprobar una ley. Todo el espectro político celebró con aplausos la aprobación de una ley destinada al loable propósito de acabar con las muertes de mujeres a manos de hombres, No hubo debate ni objeciones ni enmiendas; Todo quedó despejado para que España fuera la primera democracia que implementara una ley penal que comprendía una discriminación por razón del sexo, aunque esto supusiera, claramente, ir en contra de lo que hasta ese momento había sido la legalidad y el sentir popular. Tal fue así, que tras su puesta en vigor, muchos jueces encontraron problemática su aplicación y plantearon cuestiones de inconstitucionalidad. Hasta el día en que, inopinadamente el Tribunal, resolvió (por 7 votos a favor y 5 en contra) que la ley en cuestión no vulnera el artículo 14 de la Constitución, ya se habían generado más de 200 cuestiones. Lo que supuso que dicha ley iba a ser, con creces, la más jurídicamente discutida de todo el periodo democrático.
Este no iba a ser este un cambio legislativo al uso, pues vino acompañado de la creación en todo el territorio de unos juzgados especiales para la correcta, especializada y rápida administración de la ley. Siendo esto, también, algo sin precedentes en el derecho democrático comparado. De nuevo, España se situaba en la vanguardia.
Un año más tarde, se produjo, otro hecho insólito: la creación de todo un ministerio que, con la idea de coordinar las políticas de igualdad de género, vendría a reemplazar en sus funciones al ya existente desde 1983 Instituto de la Mujer. Aunque, finalmente, éste permaneció también en funcionamiento.
Aunque a priori la diferencia en el reproche penal de hombres y mujeres no parecía gran cosa, las consecuencias de ese cambio de paradigma han tenido consecuencias muy “relevantes”.
Ya con todo este aparato a toda máquina, desde aquel lejano año, se han producido en España más de tres millones de denuncias de violencia de género. Esta cifra viene a plantear dos lecturas muy contrapuestas y, a su vez, muy inquietantes ambas.
La primera es la oficial, la del consenso político y la de las “expertas” — no sé que se requiere para tal condición— para quienes tres millones de denuncias son solo la punta del iceberg y, por consiguiente, la prueba inequívoca de un machismo estructural y universal que permea por igual todas las edades y clases sociales; que hay que seguir promoviendo las denuncias para que finalmente afloren y sean castigados todos los maltratadores y, para ello, habrá que seguir incentivando la denuncia porque según algunos estudios y encuestas, son pocas las mujeres que se atreven a hacerlo. Como prueba, la famosa macro encuesta de 2019 del Ministerio de Igualdad, que arrojaba el dato de que una de cada dos mujeres en nuestro país, ha sido objeto de violencia de género, y a la que muchas mujeres contestaron positivamente a preguntas tales como: “¿Alguna vez has recibido miradas insistentes, comentarios inapropiados, tocamientos no deseados o imágenes sexuales que te hicieron sentir intimidada?”… Ante esta situación solo cabe apercibirse de que estamos ante un escenario dantesco, ante el cual, cualquier esfuerzo sería poco.
Respecto a las absoluciones judiciales de los hombre denunciados, estas, serían el resultado de que, lamentablemente, no se ha podido demostrar el delito, bien sea por falta de pruebas, bien que las victimas retiran la acusación por miedo a posteriores represalias o, incluso, por un sesgo patriarcal del sistema judicial, pese a que la mayoría de quienes juzgan estas causas son mujeres. Respecto al fenómeno de las denuncias falsas, estas se reducen a un ínfimo 0.01 %, mucho menos, que en otros, ámbitos. Y, por tanto, queda mucho por hacer hasta el anhelado día en que en que ninguna mujer sea asesinada por el hecho de ser mujer. De ahí, que insisten en perseverar en la misma dirección, incrementando la financiación y con nuevos programas y actuaciones.
La segunda lectura es que Ana tiene ya veinte años, y ha pasado un tiempo razonable para dar por cierto que la ley dista mucho de haber logrado las expectativas generadas aquel año en que ambas nacieron. No solo se constata el fracaso en los resultados sino que es obvio que partir de aquella pequeña y polémica discriminación por razón de sexo con la que se inició la LIVG y que más tarde refrendó el Tribunal Constitucional se ha abierto la veda a todo tipo de despropósitos y políticas irracionales.
A día de hoy, la cifra de muertes de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas, no se distancia mucho de la que había antes de la existencia de la susodicha ley, que vienen siendo entre 50 y 60 muertes anuales. Una cifra que, puesta en contexto, es una de las más bajas del mundo: 0.21 muertes por cada cien mil habitantes en 2022, (según datos del Ministerio del Interior), mientras que es 0.4 la media europea. Lejos queda, pues, el mito, propalado por muchos políticos de un macho ibérico que asesina más que en otros lugares. Este y otros bulos se han instalado en la sociedad y parece que han venido para quedarse. No cabe duda de la efectividad que han tenido las campañas con eslóganes tales como “Nos están matando“, que han generado una percepción tan potente como irreal que ha hecho que muchas personas hayan interiorizado que estamos viviendo un autentico genocidio. Recuerdo una encuesta a pie de calle en la que se preguntaba al personal si podrían decir el número aproximado de mujeres muertas a manos de sus parejas anualmente… La media de las respuestas era de más de 800.
Ante la falta de resultados se nos dice que las nuevas generaciones siguen reproduciendo estereotipos caducos. Pero tanto Ana como toda la generación nacida aquel año, han crecido y sido educados bajo innumerables e intensas campañas de información, publicidad institucional, noticiarios, charlas en colegios e institutos y toda una industria cultural, cine, etc. totalmente alineada con la postura oficial. El empeño ha sido de tal magnitud que no tiene precedentes en ninguna área de la salud mental o física. Es más que probable que el fracaso de estas políticas sea que atribuyen en exclusiva al machismo todo el origen de la violencia en el ámbito de la pareja pero existe suficiente literatura científica que pone de relieve que este problema es más complejo de lo que se nos quiere hacer creer. De hecho, se cuentan por cientos los estudios que con la debida metodología y revisados por pares, abordan el fenómeno desde una perspectiva, individual, relacional y sociocultural y de los que infiere que la violencia de la pareja, a menudo, aparece de manera bidireccional; que las adicciones al alcohol y otras drogas son factores de mucho riesgo; que situaciones tales como problemas psicológicos, contexto socioeconómico, problemas de salud mental y experiencias adversas en la infancia son elementos fundamentales que forzosamente han de tenerse en cuenta si se pretende arrojar luz sobre este fenómeno. Sin embargo, es esto algo de lo que adolece el discurso oficial, para que cualquier acto violento, abuso o es el resultado de un machismo endémico. Es más, se exhorta a los medios de comunicación a que utilicen “manuales de estilo” en los que, bajo ningún concepto, se nombren testimonios o causas que puedan contradecir esta narrativa y, por tanto, todo el enfoque de la noticia quede bajo el sesgo ideológico. Por ello, con estos precedentes, no cabe esperar más que un diagnóstico errado, y de ahí, a políticas que llevan al despilfarro, la polarización y al colapso de la administración de justicia.
Un caso ocurrido en 2017 que ilustra perfectamente esto último, es el de una anciana de Extremadura de 91 años, muy enferma e impedida, cuyo marido también enfermo había estado ocupándose de ella durante 15 años. Este, finalmente la asesinó y luego trató de suicidarse. La familia, en un comunicado, había suplicado que el crimen no se catalogara de “violencia de género”. Denunciaban que esto no era cierto porque sabían que había sido un acto de compasión y que les producía mucho dolor añadido la versión que los medios habían empezado a dar. No tuvieron éxito. Los noticiarios, ávidos de estas noticias, abrieron con el habitual ”nuevo crimen machista” y, de inmediato, se puso en marcha toda la maquinaria con declaraciones institucionales y concentraciones de repulsa en todo el territorio nacional.
Nos dicen, insistentemente que mediante una educación en igualdad podremos alcanzar el objetivo de cero muertes de mujeres a manos de sus parejas. Pero veamos, cuan coherente han sido los sucesivos gobiernos y sus políticas de consenso al respecto:
Aunque en el apartado de muertes violentas en el ámbito de la pareja (solo en este) las mujeres están desproporcionadamente representadas, entre un 13 y un 15% corresponde a hombres muertos por la misma causa. Hombres, a los que nunca se les ha homenajeado y cuya noticia pasa muy desapercibida o, al menos, no abren el “telediario”. El único hombre del que existe constancia de recibir la consideración de una manifestación de repulsa fue en 2006 en Vigo y se trataba de una hombre homosexual muerto a manos de su pareja también hombre.
A poco que uno se lo proponga, se puede tener acceso a una lista que circula en la red en la que un atento ciudadano se preocupa de recopilar y acreditar todas las diferencias legales que discriminan al hombre respecto a la mujer. A día de hoy, son ya 497 y, comprenden desde incentivos a la contratación, ayudas al emprendimiento, deducciones en el IRPF a subvenciones específicas en algunos sectores. Entre todas, quizás, la más grotesca sea la que tras la razonable reforma aprobada por el gobierno y oposición, para proteger a las personas con discapacidad pero que terminaba proclamando: “con especial atención a mujeres y menores”… Y si se trata de mujeres víctimas de violencia de género, la ley, incluso, posibilita que las ayudas pueden producirse sin una denuncia formal y así, directamente, obtener ventajas tales como defensa gratuita, prioridad en el acceso a vivienda protegida, ayudas para encontrar trabajo, derecho a reducción de jornada o poder tener justificadas ausencias o faltas de puntualidad en el trabajo y, por supuesto, ayudas económicas a nivel estatal y otras a nivel autonómico que podrían no ser incompatibles entre sí. En esta ominosa lista queda patente el extraño caso de un ministerio de igualdad cuyo cometido no va más allá que acrecentar la asimetría de derechos de la ciudadanía.
En 2021 tuvo que ser el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) quien determinó que España debía modificar la legislación que regulaba un complemento de pensión destinado solo a mujeres que hubieran tenido dos o más hijos pero que se la negaba a hombres en la misma situación aunque se acreditara que hubieran criado en igualdad e incluso en solitario. Por lo que el gobierno más igualitario de la historia se vio obligado a cambiar la ley. No obstante, el pasado mes de mayo de TJUE volvió a apercibir a nuestro país porque a pesar del cambio en la ley —parece que se hizo de muy mala gana— su aplicación sigue siendo, a día de hoy, desfavorable a los hombres a los que se les obliga el difícil ejercicio de acreditar que su carrera profesional se vio afectada por la paternidad. Durante todo el recorrido de esta demanda social los distintos gobiernos no solo han estado ausentes, sino, abiertamente en contra. Es más: desde la creación del ministerio no existe constancia de ninguna iniciativa que trate de corregir una sola de las desigualdades en la que los hombres están manifiestamente perjudicados. A saber: menor esperanza de vida, mayor siniestralidad laboral, suicidio, fracaso escolar, peor salud preventiva, sinhogarismo, etc. El fanatismo de quienes dirigen estas políticas llega hasta el extremo de aprobar una normativa —a priori sensata— que otorga una pensión de orfandad incrementada cuando la madre hubiera sido asesinada por violencia de género, pero que no aplica cuando el asesinado es el padre… lo que supone una inaceptable discriminación a los niños víctimas de este infortunio.
En el aspecto económico el consenso y el pacto de estado han sentado muy mal a la transparencia debida en la administración de fondos públicos. Una lluvia de millones destinados a la causa ha provocado una euforia en los conceptos de las partidas y una relajación en el control de las mismas. Es muy común que cualquier iniciativa que venga apellidada “contra la violencia de género” o simplemente “feminista” tenga garantizada la subvención. Aunque hace ya años que vienen apareciendo voces que denuncian que alrededor de la violencia de género se ha creado todo un sector económico formado por consultorías, asociaciones y ONGs cuya existencia depende exclusivamente de subvenciones públicas, no se ha impedido que se ejecuten partidas de gasto tales como un “Festival de Perreo Feminista” en Tenerife con una partida procedente de los fondos destinados a violencia machista de 105.000 € que incluía talleres de baile y desayunos veganos al que acudieron 230 personas… Desvirtuando así el propósito último de la ley y mermando los recursos que hubieran podido ser destinados directamente a las mujeres que realmente lo necesitan.
Todo lo hasta ahora visto queda en una mera anécdota cuando se trata la inefable situación en la que quedan los hombres victimas de denuncias falsas e instrumentales. La versión oficial es el ya famoso “0.01 %”. Pero este dato es una media verdad que dolosamente contribuye a dar una idea muy alejada de la cruda realidad. Esta cifra alude a los poquísimos casos en que la fiscalía actúa de oficio o cuando, a la verdadera víctima aun le queda el suficiente coraje y dinero para que una vez absuelto, seguir litigando para que, con suerte, después de mucho tiempo, obtener una sentencia que acredite que hubo una “denuncia falsa”. Puesto que los tribunales prácticamente nunca van a dictaminar que lo es, máxime cuando la fiscalía —tal y como ocurriría en cualquier otro tipo de delito— rara vez deduce testimonio. Incluso en los casos en la que la inconsistencia de la acusación es flagrante, lo que favorece un gran margen legal para la impunidad de las falsas victimas y el deterioro de la imagen de la justicia.
Recuerdo el caso del valenciano, Juan de Dios Vargas que gracias a la ubicación de Google Maps pudo demostrar que no estaba en la escena en la que la denuncia le situaba. Incluso la unidad de análisis de conducta UAC de la policía consideró que el testimonio de la denunciante era “ensayado y poco creíble”. Finalmente, el acusado fue absuelto pero esta manifiesta “denuncia falsa” no vino a engrosar el “0.01 %”. Y si, aun así, con todos estos impedimentos, se consigue entrar en ese club de élite, será muy difícil restablecer la reputación pública, laboral e incluso la autoestima. Y si, tras un denodado esfuerzo, se consigue que la justicia finalmente condene a una mujer por este motivo, no sería extraño que el gobierno la indulte. Recordemos el caso de María Sevilla (presidenta de la asociación “Infancia Libre”), quien fue condenada por sustracción de menores. La policía la encontró escondida en una casa en Cuenca en la que había mantenido encerrados a sus dos hijos más de un año, sin atención médica y sin escolarizar. Como consecuencia del encierro y la falta de socialización, la policía informó que la menor presentaba el extraño comportamiento de olisquear a los agentes… Esta mujer fue condenada y perdió la custodia de sus hijos pero en 2022, María Sevilla fue finalmente indultada por el gobierno. La iniciativa vino de las dos máximas representantes del Ministerio de igualdad que, a su vez, fueron condenadas por el supremo ante la denuncia del ex marido de la indultada, ya que ambas, en un acto de mezquindad le habían calumniado públicamente, diciendo que se trataba de un “maltratador” y un “pederasta” sin ninguna sentencia que lo refrendara. Irónicamente, ellas no tuvieron quien les indultara.
Los datos oficiales que reflejan las cifras de muertes por violencia en el seno de la pareja e intrafamiliar no están completos. No aparecen aspectos fundamentales como son los filicidios. Solo aparecen los datos que favorecen el relato oficial y ante esta falta de trasparencia se hace necesario recabar información en otras fuentes.
Lo que sí parece fiable de estos datos oficiales y que refleja bien la dimensión del fenómeno, es que, en 2024 se produjeron una media de 544 denuncias diarias por violencia de género y que también hubo 544 detenciones (un tren de cercanías diario). Esta coincidencia numérica explica bien a las claras que pese a que legalmente denuncia no equivale a detención es esta inercia la que impera. Y si consideramos que el 70 % de las denuncias quedan “en nada”. Y sí contamos con que Ana tiene ya 20 años, podríamos decir que más de dos millones de hombres han sido detenidos, siendo la inmensa mayoría inocentes y habiendo sido, muchos de ellos, objeto de aparatosas detenciones, con la consiguiente estigmatización pública y un innecesario riesgo procesal.
Aunque con rigor jurídico debería referirme a estas personas como “no condenados”, optaré por llamarlos “inocentes”, tal y como sostiene el TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos), que establece que toda absolución firme equivale a inocencia plena, que no hay grados de inocencia y que ante la duda ha de regir el principio de “In dubio pro reo”.
El suicidio siempre ha sido un tema tabú, quizás porque parece que su mera alusión de contribuya a que se incremente. Sin embargo, quiero hacer ver que es muy oportuno preguntarse cómo puede haber influido el suicidio de varones en procesos de divorcio y de denuncias falsas por LIVG. Habremos de hacerlo con cautela, puesto que no hay datos oficiales. De hecho, fue poco después de que naciera Ana que el INE dejo de publicar datos estadísticos que hasta entonces aportaban información de las posibles causas de estas fatalidades.
Dice la ONU que los cuatro grades factores que contribuye a las conductas autolíticas son de tipo individual, social, relacionales y comunitarios y son en tres de estos factores donde los varones en proceso de divorcio y denunciados falsamente por la LIVG están muy representados. En el primero lo son por ser objeto de aislamiento social, tener problemas legales, quiebra económica, ansiedad y estrés postraumático acompañado de depresiones persistentes.
En lo relacional, lo están por el mismo proceso de separación o divorcio que puede en muchos casos ser extremadamente impactante. Tanto que muchos autores lo equiparan a una muerte.
Aunque no existan datos oficiales, sí existen estudios, nacionales e internacionales, así como numerosos testimonios y datos que apuntan en esa dirección. Lo que es incontrovertible es el hecho que desde que nació Ana, en España se ha experimentado un incremento muy notable en las tasas de suicidio de varones que no han tenido una evolución igual en mujeres. A día de hoy, más que 3 de cada 4 suicidas son hombres.
Bajo el título «Porqué los varones tienen más riesgo de suicidio tras la separación y el divorcio” se publicó en 2014 el trabajo de los doctores Jonathan Scourfield y Rhiannon Evans de la Universidad de Cardiff, en la “American Journal of Men’s Health” donde abordan el impacto de la ruptura de relaciones en la ideación suicida masculina. Tras revisar diversos estudios, los autores identifican varios factores sociológicos que podrían explicar por qué los hombres son más vulnerables en este contexto. Llegando a la conclusión, que en efecto los hombres son más propensos que las mujeres a sufrir depresión severa, ansiedad y pensamientos suicidas. Porque probablemente los hombres tienden a no expresar sus emociones y son más refractarios a buscar ayuda. En este contexto, un hombre que pierde el contacto frecuente con sus hijos tenderá a sentirse solo y sin propósito, mientras que la mujer tiende a mantener más y mayor apoyo de amistades y familiares. Además de mejor acceso a ayuda psicológica económica y social.
Refieren, también los doctores a la pérdida de honor y dignidad que con frecuencia se produce y que afecta gravemente a la identidad de la persona. Este es el caso de los padres separados que ya no pueden decidir nada sobre la crianza de sus hijos, sintiendo que “en beneficio del menor” se les ha hurtado cualquier posibilidad de autoridad y habiéndoseles reducido a meros e impersonales proveedores de ingresos mensuales. Lo cual afecta gravemente a la autoestima de quienes sufren esta situación.
En lo relativo a los hijos, estos investigadores abundan señalando lo significativo que puede ser la separación física de los hijos, de las rutinas y la responsabilidad que conlleva los cuidados. Y que incluso con un régimen de visitas de dos fines de semana al mes pueden aparecer sensaciones de frustración que incrementan la negatividad.
También, a nivel nacional, existen estudios y testimonios de profesionales de la psicología, la abogacía, la criminología y de la policía que corroboran la injusticia en la que quedan muchos varones víctimas, pero que difícilmente van a manifestar pública o profesionalmente sus experiencias por el riesgo real de represalias que podrían sufrir por parte de quienes sí tienen poder y variados intereses en que no exista esa relación. Quizás, pudiera darse la paradoja de que la ley que vino a salvar vidas, este llevándose por medio muchas más.
Por todo lo hasta ahora expuesto, no solo es razonable intuir como real el impacto de la LIVG en los suicidios de varones, sino que resulta imprudente no hacerlo.
Como síntesis de todo lo expuesto, quiero terminar diciendo que la violencia en el ámbito de la pareja es un problema real que es necesario abordar desde distintos ámbitos, dentro de un contexto real y alejado de populismos ramplones. Que no se puede dudar de la existencia de hombres cuya motivación para perpetrar malos tratos sea intrínsecamente machista, pero que el hecho de haberse asentado un discurso hegemónico con mucho intereses espurios, ha convertido a que quienes administran estas políticas en un poder sin contrapoder que ha impuesto una narrativa en la que la misandria se ha convertido en el componente básico. Que resulta muy ingenuo, a estas alturas, esperar algo del consenso político ni en las redes clientelares que lo sostienen y, a su vez, viven de las subvenciones que estos les conceden. Que afortunadamente -fuera de sectarismos e intereses- son ya pocos los especialistas que creen el mantra del “0.01”. Que estamos viviendo un presente distópico donde el “experimento” de la deshumanización del varón, ha tenido un efecto iatrogénico que, con suerte, algún descendiente de Ana, al estudiar este periodo histórico, provoque en él, el mismo estupor que hoy lo hace el recuerdo de las descargas eléctricas para la conversión de homosexuales. Así, con todo, dudo mucho que el “revolucionario” modelo español, a pesar del optimismo que despertó en su día, vaya a convertirse en un referente que importen otros países, pues la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia forman parte de los logros materiales más valiosos de las sociedades democráticas. Y que, como bien advirtió Montesquieu, la corrupción política no comienza directamente en personas o gobiernos, sino en los principios que sustentan el estado.
