El Tribunal Supremo rechaza el recurso de amparo que podría haber salvado a la Colonia de Santa Eulalia.

por | Nov 16, 2026 | Cultura-Ocio

https://nodox.es/

En una sentencia firmada el día 29 de octubre, el alto tribunal considera que la adopción de medidas “corresponde a la Administración que ha de tomar en consideración la propuesta y valorar si resultan adecuadas al caso para alcanzar la finalidad protectora que se persigue.”

El Tribunal Supremo ha resuelto el recurso contencioso administrativo presentado por un particular ante la denegación de medidas de protección que garantizasen la salvación del conjunto de la Colonia de Santa Eulalia.   La decisión del tribunal que se conoció la semana pasada desestimó la petición del particular.

En su decisión el tribunal argumenta que si bien la acción pública para exigir el cumplimiento de la sentencia se reconoce en la ley en la Constitución, no puede imponerse a la administración que realice una actuación en concreto.   Esta administración puede y debe valorar las medidas que resulten de “mayor utilidad e idoneidad para la preservación de los bienes históricos protegidos, que constituye el interés público concernido. Teniendo en cuenta que, en el caso examinado, ya habían sido adoptadas por el Ayuntamiento algunas de las medidas que se propusieron.”

Sin embargo la sentencia no razona por qué, en este caso concreto las medidas adoptadas eran adecuadas para salvaguardar el mantenimiento del bien. 

El Ayuntamiento de Sax, sólo había impuesto tres multas coercitivas para realizar el vallado de los inmuebles en estado de derrumbe, por importe de 288,83 €, cada multa (866,49 € en total).  No constaba en el expediente ninguna otra actuación, ni tan siquiera el cobro de estas cantidades.   Los propietarios no habían realizado las actuaciones requeridas por el Ayuntamiento.  Ha día de hoy, no se han cumplido.    Uno de los bienes se había derrumbado.   Se pidió el vallado de un pozo, de 50 metros de profundidad, también incluido en el entorno protegido, por suponer peligro para las personas.   Tampoco se realizó.

Esto se expuso al Tribunal Supremo, que ni lo cita, ni lo argumenta en la sentencia.

Desde un punto de vista jurídico, Acció Ecologista – Agró considera que la decisión no responde a lo que prevé el ordenamiento jurídico actual.

El ordenamiento jurídico actual prevé la acción pública en materia de patrimonio histórico “para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales Contencioso-Administrativos el cumplimiento de lo previsto en esta Ley para la defensa de lo bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español.”

La sentencia reduce la pretensión a pedir, sin importar la idoneidad de las decisiones que realice la administración para conseguir el cumplimiento de la salvaguardia del patrimonio histórico.   Decide la administración, y esa decisión concreta, no se puede contradecir.       En casos como este, en que la administración no adopta las medidas necesarias para salvaguardar el patrimonio histórico, el particular no puede hacer nada.   Con imponer una reducida multa coercitiva de escasa cuantía, que nadie sabe si se ha cobrado, bastaría.   Y con esta sentencia, los particulares no pueden acudir a los tribunales  ante una decisión cicateras o estéticas de una administración.

La opinión de Acció Ecologista – Agró es que los particulares pueden pedir medidas adecuadas para la conservación de los bienes y si no lo realizan, los tribunales pueden imponer esas medidas adecuadas.

Existe un peligro añadido.  La extensión de esa jurisprudencia a toda España.   En España se han declarado bienes de interés cultural más de 17.000 inmuebles.   

A partir de ahora, el cumplimiento de la normativa de protección del patrimonio histórico descansa en el criterio discrecional de la administración competente.

Se da la circunstancia de que había sentencias previas de dos Tribunales Superiores de Justicia, uno en Madrid y otro en Murcia que obligaron a las administraciones competentes a adoptar medidas para la protección de bienes inmuebles de interés cultural.   A partir de ahora, los tribunales deberán acatar esta sentencia.

Acció Ecologista – Agró quiere destacar el esfuerzo del particular que ha impugnado, José Antonio Valcarce, de la letrada que lo ha peleado (Isabel Sánchez Taroncher) y de los servicios jurídicos de Acció Ecologista – Agró que han colaborado.    A la vista de la situación, ayudarán también a interponer el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y a remitir esta situación a los organismos nacionales e internacionales competentes.    El Patrimonio histórico español está en peligro y se deben agotar todas las opciones.

Acció Ecologista – Agró también quiere poner de manifiesto el conjunto de decepciones y de decisiones difíciles de entender que estamos recibiendo de los tribunales. 

En este sentido ha puesto en marcha una auditoría de independencia en los tribunales, que está arrancando ahora.  www.cienciaytribunales.org

Si alguno de los bienes protegidos cayeran, presentarían denuncia ante fiscalía.

Aspectos más relevantes de la sentencia:

“Además, el alegato esgrimido sobre la inactividad que manifestaba impugnar no puede tener favorable acogida, pues el objeto en el recurso contencioso-administrativo viene determinado por denegación presunta de la solicitud de medidas que se realizó ante el Ayuntamiento de Sax. Y, en todo caso, el ejercicio de la acción pública del artículo 8 de la LPHE, no dispensa de la concurrencia de los requisitos del artículo 29.1 de la LJCA, a los efectos de apreciar una inactividad administrativa que, por otro lado, resultan difícilmente compatibles con la acción pública, en la medida que exige la concurrencia de una prestación en favor de personas determinadas.

En consecuencia, el cauce procesal que establece el artículo 19.1.h) de la LJCA, en relación con el artículo 8 de la LPHE, respecto del reconocimiento de la acción pública en materia de patrimonio histórico, aunque permite el ejercicio de pretensiones de anulación junto a obligaciones de hacer, en el caso examinado ese cauce ha resultado sobrepasado ante la solicitud de unas específicas y pormenorizadas medidas sobre cuya utilidad, relevancia, e idoneidad para la defensa del patrimonio histórico español, corresponde valorar y adoptar por el Ayuntamiento que ejerce sus potestades administrativas guiado por el interés general.

SÉPTIMO.- La cuestión de interés casacional

La respuesta a la cuestión de interés casacional, atendida las normas estatales infringidas, sobre contenido específico de la actuación de las Administraciones Publicas respecto de situaciones de peligro para un Bien de Interés Cultural puestas de manifiesto mediante la acción pública, exige que antes concurran los requisitos para su viabilidad. En concreto, cuando en el ejercicio de la acción pública del artículo 8 de la LPHE se propongan a la Administración competente una serie de medidas de protección concretas, pormenorizadas y exhaustivas, la decisión de la Administración no puede limitarse a hacerlas propias de modo automático o irreflexivo, simplemente porque han sido propuestas por quien ejercita la acción pública. Cuando se proponen este tipo de medidas para la salvaguarda de tales bienes, como es el caso de un bien de interés cultural, su adopción corresponde a la Administración que ha de tomar en consideración la propuesta y valorar si resultan adecuadas al caso para alcanzar la finalidad protectora que se persigue.

En definitiva, es la Administración Pública, en el cumplimiento de sus funciones y mediante el ejercicio de sus potestades públicas, quien debe comprobar, valorar, tras el examen de los técnicos correspondientes cuando sea necesario, y adoptar las medidas que resultan de mayor utilidad e idoneidad para la preservación de los bienes históricos protegidos, que constituye el interés público concernido. Teniendo en cuenta que, en el caso examinado, ya habían sido adoptadas por el Ayuntamiento algunas de las medidas que se propusieron.”

Spread the love

Categorías

Translate »
error: Contenido protegido.