Cada día tengo más claro que el problema de nuestra democracia no son las ideas, sino quienes deciden qué ideas merecen ser escuchadas y cuáles deben ser silenciadas.
No pertenezco a ningún partido político ni me considero de derechas o de izquierdas. He votado a diferentes partidos a lo largo de mi vida y seguiré haciéndolo en función de cómo trabajen, no de las siglas que lleven. Precisamente por eso me preocupa profundamente el trato que reciben determinadas formaciones políticas.
En este país se ha normalizado insultar a millones de votantes llamándolos fascistas, nazis, xenófobos o cualquier otra etiqueta que sirva para evitar debatir con argumentos. Resulta curioso que quienes más presumen de tolerancia sean, en muchas ocasiones, los primeros en intentar excluir a quienes piensan diferente. Eso no es pluralidad; eso es sectarismo.
Estos días he visto una entrevista en una televisión comarcal financiada, al menos en parte, con dinero público procedente de distintos ayuntamientos. En ella aparecían la alcaldesa de Sax y la portavoz del PSOE. Sin embargo, no estaba el portavoz de Vox.
Antes de opinar, hablé con el propio portavoz de Vox y me aseguró que en ningún momento nadie del medio se había puesto en contacto con él para ofrecerle participar o ser entrevistado. Si eso es así, la pregunta es inevitable: ¿por qué unos representantes públicos sí tienen voz y otros no?
Un medio que recibe financiación pública debería esforzarse por garantizar el pluralismo, no por decidir qué representantes políticos merecen aparecer y cuáles deben ser invisibles. No corresponde a un medio de comunicación ejercer de filtro ideológico; corresponde a los ciudadanos decidir a quién escuchan y a quién votan.
Lo más paradójico es que quienes hablan continuamente de democracia, diversidad y libertad son los mismos que parecen sentirse incómodos cuando todas las opciones políticas pueden expresarse en igualdad de condiciones. Los llamados «cordones sanitarios» no fortalecen la democracia; la debilitan. Cuando se intenta aislar a un partido legal, con representación institucional y elegido por miles de ciudadanos, no se está castigando a ese partido, sino despreciando a quienes lo votaron.
Si un partido comete irregularidades, que responda ante los tribunales. Si sus propuestas son malas, que sean rebatidas con argumentos. Pero intentar silenciarlo desde determinados medios solo consigue el efecto contrario: sembrar dudas sobre la imparcialidad de quienes deberían informar y no hacer política.
La democracia no consiste en escuchar solo a quienes nos caen bien. Consiste precisamente en garantizar que todas las voces con representación legítima puedan ser escuchadas y que sean los ciudadanos, y nadie más, quienes decidan.
