Desde hace seis décadas, la opinión pública ha vivido bajo un bombardeo constante de pronósticos apocalípticos. Con una precisión casi matemática, cada década ha estrenado su propia «amenaza existencial» con una fecha de caducidad recurrente: 10 años. Sin embargo, al cumplirse los plazos, el resultado ha sido sistemáticamente el mismo: las predicciones fallaron, pero las políticas fiscales permanecieron.
El recuento histórico parece seguir un guion preestablecido. En los años 60, la narrativa dominante aseguraba que el petróleo se agotaría antes de que terminara la década. En los 70, el pánico giró 180 grados: científicos y medios advertían que una inminente Edad de Hielo congelaría el planeta en apenas diez años.
Con la llegada de los 80, el fuego (o más bien el ácido) volvió al centro del debate: la lluvia ácida iba a desertificar los cultivos del mundo de forma irreversible. Al no cumplirse, los 90 trajeron el agujero en la capa de ozono como el fin definitivo de la vida bajo el sol, seguido en el 2000 por el deshielo total de los polos en un plazo récord de una década.
Lo que une a estas crisis algunas con base científica real, otras meras proyecciones extremas no es solo su incumplimiento cronológico, sino su impacto en el erario público. Críticos y analistas señalan que cada «alerta roja» ha servido de catalizador para la creación de nuevas figuras impositivas, tasas al consumo y regulaciones verdes que rara vez se retiran cuando la amenaza se disipa o se ajusta la realidad.
Hoy en día, el debate sigue abierto: ¿fueron estas alarmas una herramienta de ingeniería social para aumentar la recaudación, o fue precisamente esa presión fiscal y regulatoria la que financió las soluciones que evitaron el desastre? Lo único cierto es que, 60 años después, el mundo sigue girando, y los impuestos, subiendo.
