Sobre todo en el Barrio de Hispano América, donde la mayoría de las fincas mantienen la placa original, una tímida casa corona las siglas INV en el centro de un haz de flechas y el yugo asimilados por el falangismo. Es un diseño sencillo que aparece en las residencias de protección oficial construidas por el Instituto Nacional de la Vivienda. Pero, ¿cuántas quedan? ¿Quién las ha quitado o dónde quieren y no pueden? ¿Son responsables las administraciones públicas de que sigan salpicando las ciudades?
Las instituciones deben suprimir todo tipo de simbología del franquismo, según la ley de la Memoria Histórica. Y requerir además «a los propietarios privados» que hagan lo mismo o, caso contrario, retirar las «subvenciones o ayudas públicas» que reciban. Pero la inconcreción disciplinaria del marco legal unida a la desmemoria social hace que, a 40 años de la muerte de Francisco Franco, la mayoría de casos dependa del arbitrio del organismo de turno e incluso de la comunidad de vecinos, que debe dar el visto bueno.
