Queda patente, pese a que las nuevas Cortes españolas han alojado nuevos y viejos inquilinos que apuestan por garantizar los derechos básicos a través de la justicia social, que la presión popular es vital para recordarle a políticos/as que existen personas que no pueden esperar mucho tiempo más.
Desde las Marchas de la Dignidad, tras muchas asambleas y reuniones, se ha hecho balance de la situación actual, en la cual destacan, para mal: recortes en sanidad, servicios sociales y educación, desempleo, falta de uso de las millones de viviendas vacías, pobreza energética, privación de libertades por la ley mordaza, incremento de la pobreza y la vergonzosa política de refugiados/as.
Mientras tanto la Unión Europa sigue amenazando a España y a otros países de cerrar el acceso al crédito y a la libertad de mercancías sino aplica más políticas de recorte de derechos y servicios, sin ofrecer nada a cambio, además sin frenar el asfixiante aumento de nuestra deuda, que se ha vuelto impagable.
Y por otro, son ya miles los problemas locales que padecen nuestros pueblos y ciudades de la comarca, sometida a la política de grandes infraestructuras que destruyen nuestro paisaje, contaminan nuestros territorios, elitizan el transporte colectivo (AVE), mientras aumentan una deuda que impide destinar dinero a las necesidades más básicas.

Nuestra apuesta son unas Marchas de la Dignidad que impulsen y visibilicen los conflictos de nuestros pueblos y ciudades de la comarca, crear vínculos y tener puentes de solidaridad entre asociaciones y personas para que las voces críticas sean mayores, sin perder los objetivos que llenaron las calles de Madrid aquel 22 de marzo de 2014: ¡PAN, TRABAJO, TECHO Y DIGNIDAD!

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