Con la entrada el vigor de la nueva Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales, los dueños de estos tendrán varias obligaciones que cumplir. 

Esta ley fue publicada en el BOE el pasado 29 de marzo y entrará en vigor el próximo 29 de septiembre. Para muchos ha generado mucha controversia entre partidos políticos, veterinarios, empresas relacionadas con animales como es el caso del circo o las tiendas de mascotas, quienes han demostrado su acuerdo o desacuerdo según cada cuestión.  

Pero ¿qué claves debemos tener en cuenta para entender esta ley? 

Se mantendrá la lista de Perros Potencialmente Peligrosos, a pesar de que a la hora de tramitar la ley se contempló la idea de eliminar la lista de razas PPP y sustituirla por un test de sociabilidad para determinar si pudiera ser catalogado como peligroso, pero esta idea se desechó. Desde la Dirección General de Derechos de los Animales siguen estudiando poner en marcha ese test de sociabilidad para los perros más grandes (los que lo superen dejarían de ser PPP), pero aún no hay nada al respecto.

Curso de formación para los propietarios de perros, el artículo 30 de la ley refleja que «las personas que opten a ser titulares de perros deberán acreditar la realización un curso de formación para la tenencia de perros que tendrá una validez indefinida«.

En el caso de que las personas ya tengan perros, la norma señala que «las personas titulares junto a sus perros deberán realizar un test para valorar su aptitud para desenvolverse en el ámbito social» y además tendrán dos años desde la entrada en vigor de la ley para realizarlo.

El curso será gratuito, online y solo deben hacerlo las personas relacionadas con perros, no otros animales de compañía.

Seguro de responsabilidad civil obligatorio, este tipo de seguros cubre daños que el asegurado pueda causar a un tercero por culpa o negligencia. Hasta el momento, solo las personas que tenían un perro que estuviera incluido en la lista de razas consideradas potencialmente peligrosas (PPP) estaban obligadas a tener este tipo de seguros, pero ahora con la nueva ley obliga a cualquier propietario de perro, independientemente de cuál sea su raza, a tener un seguro de responsabilidad civil. De esta forma, deberá contratar el seguro durante toda la vida del animal, incluyendo así en su cobertura «a las personas responsables del animal, por un importe de cuantía suficiente para sufragar los posibles gastos derivados».

No podrán estar solos más de 24 horas, los propietarios de mascotas no podrán dejarlas en terrazas, patios o sótanos, ni en vehículos cerrados, expuestos al calor o al frío, ni atados a las puertas de un establecimiento sin supervisión presencial. El borrador legal establece además que una mascota no podrá estar sola tres días consecutivos y, en el caso de los perros, el plazo no podrá ser superior a 24 horas. Según la norma, que aún debe pasar por el Consejo de Ministros, los órganos consultivos y las Cortes (por lo que puede sufrir modificaciones), los dueños de animales de compañía deberán “mantenerlos integrados en el núcleo familiar, en buen estado de limpieza e higiene”.

Microchip obligatorio para gatos, a partir del 29 de septiembre será obligatorio ponerles a los gatos un microchip de identificación con el objetivo de evitar el abandono y el maltrato animal, que es una de las claves de esta nueva ley. En el caso de no tener microchip se podrá interponer una multa de hasta 50.000 euros.

No se venderán mascotas en tiendas, el Gobierno pretende que haya «abandono cero» y así dejarán de venderse mascotas en tiendas y también su «exhibición al público» con fines comerciales. Hacerlo se considerará una infracción grave, con sanciones de 3.001 a 30.000 euros. Además, se obligará a la esterilización de los animales que habitualmente vivan en espacios abiertos y puedan relacionarse con otros animales de la misma especie y distinto sexo.

Para criar animales deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Criadores, se pretende así que la crianza sea una labor profesional y que los propietarios dejen de lucrarse con la venta de animales. Esto dependerá de la Dirección General de Derechos de los Animales y deberán acreditar una formación.

No al sacrificio de animales, ya no se sacrificarán animales a no ser que tengan una enfermedad incurable, o por razones sanitarias o medioambientales. Sacrificar a un animal en público conllevará multas que pueden llegar a los 600.000 euros. Lo mismo se impondrá a quienes adiestren o utilicen animales para enfrentamientos, como las peleas de gallos, que se siguen produciendo en algunas comunidades. Ocurre lo mismo con espectáculos «en los que puedan ser objeto de tratamiento indigno» como el tiro al pichón, especifica el texto, que se veta para homogeneizar su regulación en todo el país.

 

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