La Constitución aprobada en 1978 sigue vigente en la actualidad y es la norma jurídica que prevalece sobre todas las demás leyes del Estado español.

La Constitución Española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico español. Fue aprobada por las Cortes Generales, en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado, el 31 de octubre de 1978. Fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre, día en que el pueblo español votó por mayoría abrumadora “sí” a la pregunta “¿Aprueba el proyecto de Constitución?”.

El texto fue sancionado y promulgado por el rey Juan Carlos el 27 de diciembre. Dos días después, la Constitución de 1978 fue publicada en el Boletín Oficial del Estado.

La promulgación de la Constitución fue la culminación de la transición a la democracia en España. El país se convertía en un “Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, según dice el artículo primero de la Constitución.

Para su redacción, se reunió la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, de la que salieron los siete ponentes encargados de elaborar el primer anteproyecto, conocidos como ‘los 7 padres de la Constitución’: Gabriel Cisneros (UCD), Miguel Herrero (UCD), José Pedro Pérez-Llorca (UCD), Gregorio Peces-Barba (PSOE), Jordi Solé Tura (PCE), Manuel Fraga (AP) y Miquel Roca (Pacte Democràtic per Catalunya), que comenzaron a trabajar en agosto de 1977.

En sus 45 años de vida, la Constitución Española ha sido reformada en dos ocasiones. La primera en 1992, para permitir el sufragio pasivo en las elecciones municipales a los extranjeros, por exigencia del Tratado de Maastricht de la Unión Europea. La segunda fue en 2011, para introducir el concepto de estabilidad presupuestaria, en el marco de la crisis económica de 2008.

En la actualidad está pendiente la modificación del artículo 49, que fue aprobada por el Consejo de Ministros en la pasada legislatura, pero que decayó porque el proyecto no contaba con el apoyo parlamentario necesario. Su objetivo era sustituir el término “disminuidos” por el de “personas con discapacidad” y reforzar la protección de los derechos de este colectivo.

La Constitución Española de 1978 ya es la segunda más longeva de la historia española, con 45 años de edad.

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